21 noviembre 2013
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21 noviembre 2013,
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El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al Gobierno a que, en el trámite de la reforma del Código Penal, prescinda del uso del término “peligrosidad” asociado al trastorno mental para evitar la “automática equiparación” de ambos conceptos y “garantice” que las personas que padecen estas patologías “puedan acceder a la libertad condicional y vigilada en condiciones de plena igualdad”.

La proposición, impulsada por la diputada nacional del PSOE por Almería Gracia Fernández para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad, señala que el internamiento como medida de seguridad “no puede ser permanentemente prorrogable” y pide que la cámara “materialice su compromiso de velar” porque en la reforma del Código Penal el colectivo de personas con trastorno mental “reciban un tratamiento justo, adecuado y sin discriminación”.

El PSOE señala que se hace eco de la “extrema preocupación” de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES) y advierte de que si la modificación sigue su curso “en los términos en los que está planteada en relación a la vinculación de trastorno”, el Estado se encontrará “con cientos de miles de personas expuestas a un Código Penal y a un régimen penitenciario discriminatorio, que además, privará a este colectivo de la respuesta social y sanitaria que necesita”.

Critica, en esta línea, que el proyecto aplica a todas las personas con trastorno mental “la calificación de peligrosidad” cuando, en realidad, según subraya, en los casos en que existe algún peligro se debe a que “no están tratadas adecuadamente debido a la carencia de medios en la atención sanitaria y social”, lo que supone -ahonda- la “vulneración” de los derechos enunciados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de “obligado cumplimiento y aplicación por parte del estado español”.
Por otra parte, considera que las medidas de seguridad planteadas y los centros de internamiento “no son las alternativas más propicias” para atender a las personas con trastorno mental grave. “Esta problemática no debe ser resuelta en el sistema penitenciario”, señala.

El PSOE concluye que, según FEAPS, “no se trata tanto de medir el riesgo de peligrosidad al que hace referencia el proyecto sino de ofrecer una atención adecuada a la persona que se ha de reinsertar en la sociedad garantizándose así su recuperación y evitando que se cometan actos indebidos, generalmente motivados por la ausencia de tratamiento, en ocasiones a pesar de haberse realizado esfuerzos por parte de la persona enferma o de su entorno para obtener atención sanitaria y social”.

En la exposición de motivos, recuerda que los trastornos mentales producen que, en muchas ocasiones la sociedad discrimine y rechace, “por miedo a lo desconocido, a los afectados por este tipo de trastornos, a los que se estigmatiza de manera constante impidiendo el desarrollo de su proyecto vital”.

“Es precisamente el estigma una de las barreras que en mayor medida dificulta la accesibilidad universal a las personas con trastorno mental, el desenvolvimiento con normalidad en su vida diaria y el acceso a los recursos y a la atención que precisan como ciudadanos de pleno derecho”, afirma.

En cuanto a la relación entre trastorno mental y peligrosidad, recuerdan que esta idea es “prejuiciosa y estigmatizante” y apela a la “responsabilidad” de los poderes públicos para garantizar que las personas con trastorno mental “reciban un tratamiento adecuado e integral desde el punto de vista social y sanitario, alejado del régimen penitenciario que pretende esta reforma”.

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